En una jornada de infarto marcada por la tensión en el hemiciclo y la presión de la calle, el Ejecutivo de Pedro Sánchez encajó este viernes una histórica doble derrota parlamentaria. La unión sin concesiones del Partido Popular, Vox y los siete diputados de Junts per Catalunya hizo descarrilar in extremis el paquete habitacional de urgencia con el que Moncloa pretendía contener la escalada de las rentas y suspender los desahucios de personas vulnerables en toda España.

El desenlace parlamentario tumba de golpe el Real Decreto-ley 26/2026 —rechazado por 178 votos en contra frente a 172 a favor— y el Real Decreto-ley 27/2026, que cayó minutos después por 184 votos negativos contra 166 favorables. La invalidación de ambas normas, publicadas esta misma semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja sin efecto inmediato un escudo social que apenas ha durado unas horas en vigor, devolviendo al sector inmobiliario a un escenario de inseguridad jurídica absoluta.

La pinza parlamentaria: de los fondos buitre a la falta de oferta

A pesar del ruego de última hora formulado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió a los grupos que fueran "valientes" para evitar un daño "inmenso" al país, la aritmética parlamentaria resultó implacable. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, lideró el portazo exigiendo que se retiraran los decretos para negociar desde cero su propia propuesta, acusando al Gobierno de redactar un texto que "permite que los fondos buitre sigan comprando, especulando y desahuciando".

Fotografía en plano medio de perfil de la diputada Míriam Nogueras, vistiendo chaqueta blanca sobre un top azul marino, dirigiéndose al hemiciclo desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.
La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, defiende desde la tribuna de oradores el rechazo de su grupo a los decretos de vivienda del Ejecutivo. Foto: Congreso de los Diputados

El Partido Popular y Vox flanquearon ese rechazo con argumentos antagónicos. Juan Bravo (PP) reprochó a Moncloa ocho años de "intervencionismo" que han disparado los precios y dejado "a una generación entera en pausa", mientras que Carlos Hernández Quero (Vox) advirtió que "si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables".

Fotografía en plano medio del diputado Carlos Hernández Quero, vistiendo traje azul oscuro y corbata estampada, dirigiéndose al hemiciclo desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.
El diputado de Vox Carlos Hernández Quero defiende desde la tribuna el 'no' de su grupo a los decretos de vivienda, tras advertir de que congelar los alquileres destruye la oferta e incrementa la inseguridad jurídica. Foto: Congreso de los Diputados

En la bancada de la izquierda, la respuesta fue furibunda. Gabriel Rufián (ERC) tachó la maniobra de Junts de "pasada de frenada histórica, legendaria", insinuando que respondía a favores inmobiliarios, y Gerardo Pisarello (Sumar) acusó a la derecha nacionalista de alinearse con los especuladores.

Fotografía en plano medio de Gabriel Rufián, vistiendo traje azul y corbata oscura, gesticulando con las manos abiertas desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados ante la mirada de reporteros gráficos al fondo.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene desde la tribuna de oradores durante el tenso debate sobre los decretos de vivienda, sesión en la que cargó con dureza contra la posición de Junts. Foto: Congreso de los Diputados

El detonante de Maricarmen y el estallido en la Puerta del Sol

El naufragio legislativo llega en un momento de máxima ebullición civil. El desahucio ejecutado la semana pasada en Madrid contra Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas en su piso, prendió la mecha de las movilizaciones que hoy se aglutinan en la Puerta del Sol.

Centenares de acampados se desplazaron a primera hora a las inmediaciones del Congreso para seguir el pleno en directo desde sus teléfonos. En el momento exacto en que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, comunicó el resultado de la primera votación, la indignación saltó de la calle al interior del edificio: desde la tribuna de invitados se escucharon gritos de "Los fondos buitre gobiernan el Congreso". En el exterior, la multitud coreaba consignas de "vergüenza" y llamamientos a organizar una huelga general, convocando nuevas marchas nocturnas en el centro de la capital.

¿Qué ocurre ahora con tu contrato de alquiler?

El rechazo a los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026 supone un "borrón y cuenta nueva" que devuelve al mercado al marco previo de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) clásica, generando una enorme incertidumbre jurídica. En la práctica, las medidas anuladas son las siguientes:

  • Adiós a la prórroga obligatoria: Decae la extensión extraordinaria de dos años para los contratos que vencían antes de finales de 2028. Los inquilinos pierden esta red de seguridad automática.
  • Fin de los topes de renta: Se elimina el límite a las actualizaciones anuales (proyectado al 0% para rentas altas y al 2% para el resto hasta 2027), por lo que las revisiones quedarán a expensas de lo pactado o del IPC, dependiendo del contrato vigente.
  • Sin moratoria para desahucios: La paralización de los lanzamientos a personas vulnerables frente a grandes tenedores o fondos de inversión (prevista hasta 2030) queda sin validez.
  • Fiscalidad revertida: Desaparecen el IVA del 10% a las viviendas turísticas, las limitaciones a la compra especulativa y las deducciones fiscales ventajosas para los pequeños propietarios y arrendatarios.

Cinco decretos tumbados y el fantasma de las elecciones anticipadas

El duro golpe encajado por Moncloa trasciende la política de vivienda. Con el fiasco de este viernes, la Cámara Baja ha rechazado cinco decretos gubernamentales en esta materia tan solo en lo que va del año 2026. Esta alarmante falta de apoyos para sacar adelante el BOE ha reavivado instantáneamente las especulaciones sobre la viabilidad de la legislatura.

Fuentes políticas apuntan a que en el entorno gubernamental ya circulan hipótesis sobre un posible adelanto electoral para finales de noviembre, dado el agotamiento de la actual geometría parlamentaria. Cuestionada al respecto, la vicepresidenta Yolanda Díaz se limitó a recordar que la potestad de disolver las Cortes es exclusiva de Pedro Sánchez, un líder que ahora se enfrenta al reto más complejo de su mandato: gobernar con el Congreso en contra y la calle encendida.