La Puerta del Sol de Madrid ha vuelto a convertirse este sábado en el epicentro del malestar social. Una multitudinaria marcha, que ha reunido a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y a 300.000 según el Sindicato de Inquilinas, ha recorrido las calles hasta el Congreso de los Diputados para reclamar medidas urgentes contra la crisis de la vivienda. El detonante ha sido el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad, desalojada el pasado miércoles tras residir 70 años en su domicilio.

Bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', la protesta en la capital se ha desarrollado en paralelo a concentraciones en otras 40 ciudades españolas. La composición de la marcha ha destacado por su carácter claramente intergeneracional: familias enteras, jóvenes asfixiados por el mercado del alquiler y colectivos de la tercera edad han marchado de forma coordinada junto a organizaciones barriales y plataformas de bomberos que exigen no ser "ni cómplices ni ejecutores" en los lanzamientos.

El fantasma de 2008: de la hipoteca al alquiler

El caso de Maricarmen ha reabierto una profunda herida social y estadística en España. Según los datos históricos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 hasta el cierre de 2023, se han ejecutado en el país más de 700.000 desahucios.

Si bien durante la primera década la crisis estuvo marcada por las ejecuciones hipotecarias, en los últimos años el paradigma ha cambiado de forma radical: hoy, la inmensa mayoría de los lanzamientos se derivan del impago o la no renovación de los contratos de alquiler, amparados por la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Una coyuntura que, denuncian los manifestantes, agrava la vulnerabilidad frente a la entrada de fondos de inversión en los barrios céntricos.

Ultimátum político: el 'decreto Maricarmen'

La indignación en las calles se ha traducido en un ultimátum directo al Ejecutivo central, que el próximo martes aborda en el Consejo de Ministros un nuevo paquete normativo. Desde el Sindicato de Inquilinas, su portavoz Alicia del Río ha exigido la aprobación del bautizado como 'real decreto Maricarmen', un texto que reclama la renovación automática de los contratos, la congelación de los precios y la paralización legal de cualquier desahucio sin alternativa habitacional.

La presión también sacude al interior del Gobierno de coalición. Desde Sumar han advertido que sus ministros podrían ausentarse del Consejo si no se aprueba un decreto "sí o sí" con medidas estructurales. Por su parte, dirigentes de Podemos, presentes en la marcha, han rechazado las negociaciones del Ejecutivo con formaciones como Junts, exigiendo intervenir el mercado por ley y alertando de que no aceptarán un "trágala" para los inquilinos.

Un clamor que desemboca en acampada

Durante el recorrido, los asistentes han coreado consignas contra las administraciones, señalando tanto al Gobierno central como a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, con cánticos como "Madrid será la tumba del rentismo", "Fondos buitre expropiación" o "El ático de Ayuso para Maricarmen". La jornada ha finalizado con un llamamiento organizativo a acampar en la Puerta del Sol para mantener el pulso en la calle.

Mientras la protesta tomaba el centro de la capital, la propia Maricarmen Abascal ha lanzado un mensaje desde el hospital Gregorio Marañón, donde fue ingresada tras su desalojo. A través de un vídeo, la octogenaria ha pedido que su caso marque un punto de inflexión definitivo: "Si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos. Quiero que esto sirva para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio".